INCIDENTE DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO EXIGIBLE A TERCEROS

La reparación del daño es la Pena pecuniaria que consiste en la obligación impuesta al delincuente de restablecer el statu quo ante y resarcir los perjuicios derivados de su delito.

El «CP» consagra como penas pecuniarias la multa y la reparación del daño. Si esta última incumbe a terceros, no se ve alterado su carácter de obligación civil emanada de un acto jurídico, conforme la regulan los aa, 1910 y siguientes del «CC». El «CP», todo lo mas, declara que en tal caso la reparación se tramitará como incidente en los términos que fija el «CPP».

A más de erigir la reparación del daño a pena publica, si incumbe al delincuente, el «CP» impone la obligación civil de repararlo a ciertas personas, por el acto ilícito cometido por otras.
El «a.» 24 indica, al efecto:
v A los ascendientes, por los delitos de sus descendientes que se hallaren bajo su patria potestad (fr. I);

v A los tutores y los custodios, por los delitos de los incapacitados que se hallen bajo su autoridad (fr. II),


v a los directores de internados o talleres que reciban en su establecimiento discípulos o aprendices menores de 16 años, por los delitos que ejecuten éstos durante el tiempo en que se hallen bajo el cuidado de aquello (fr. III).

Es digno de nota que en estos tres casos, aunque se hable invariablemente de delitos, éstos se suponen cometidos por menores que no responderían penalmente de ellos. Es indudable que en estos casos la reparación de daño es obligación civil que recae definitivamente sobre las personas designadas en estos tres números.
Incluye el mismo artículo, además:
v A los dueños de empresas o encargados de negociaciones o establecimientos mercantiles de cualquier especie, por los delitos que cometan sus obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, con motivo y en el desempeño de su servicio (fr. IV);

v A las sociedades o agrupaciones, por los delitos de sus socios o gerentes directores, en los mismos términos en que, conforme a las leyes, sean responsables por las demás obligaciones que los segundos contraigan (fr. V), y finalmente,

v Al Estado, subsidiariamente, por sus funcionarios y empleados (fr. VI).

Este segundo grupo de casos es diferente del primero, pues tratándose ahora de personas que responderán penalmente por los delitos que han ejecutado sufrirán en definitiva, por tanto, la pena de reparar el daño, y de ellas podrán repetir el pago las personas a quienes la ley puede obligar a extinguir la deuda, mas no a la definitiva contribución a ella.

Conviene finalmente hacer notar que la reparación del daño no tiene solo repercusión penal en cuanto se la erige en pena pública sino en cuanto es un requerimiento, concurrente con otros, para la procedencia de la libertad preparatoria (a. 84, «fr.» III «CP»), y, tratándose de los delitos de los servidores públicos (a. 90, «fr.» I letra c «CP»), de la condena condicional.