MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

I. Configuran los instrumentos jurídicos consagrados por las leyes procesales para corregir, modificar, revocar o anular los actos y las resoluciones judiciales, cuando adolecen de deficiencias, errores, ilegalidad o injusticia.

II. Se trata de una institución sumamente compleja que ha ocasionado numerosos debates, por lo que, sin adentrarnos en los diversos planteamientos doctrinales, tomaremos en consideración la clasificación de los medios de impugnación en tres sectores, estimados de manera flexible y que se han denominado:
1) Remedios procesales,
2) Recursos y
3) Procesos impugnativos.

1) Entendemos como remedios procesales los medios que pretenden la corrección de los actos y resoluciones judiciales ante el mismo juez que los ha dictado, pero tomando en consideración que en algunos supuestos resulta difícil trazar una frontera claramente delimitada entre dichos remedios y algunos recursos procesales podemos señalar la aclaración de sentencia, la revocación y la excitativa de justicia.
a) La aclaración de sentencia no se encuentra regulada expresamente en la mayoría de los códigos procesales mexicanos, pero constituye una práctica constante de nuestros tribunales, y además, existen varias disposiciones legales que consagran esta institución a través de la instancia de parte afectada, en la cual, presentada dentro de un breve plazo, generalmente de tres días, debe señalar con toda claridad la contradicción, ambigüedad u oscuridad del fallo, cuyo sentido no puede variarse, de acuerdo con lo dispuesto por los «aa.» 84 «CPC»; 223 «CFPC»; 847 «LFT», y 351 y 359 «CFPP».
b) En segundo término debe considerarse la llamada revocación, estimada como la impugnación que la parte afectada puede plantear ante el mismo juez o tribunal que dictó la resolución procedimental cuando ésta no puede ser combatida a través de un recurso, con el propósito de lograr su modificación o sustitución. Así lo disponen los «aa.» 227-230 «CFPC»; 312 y 413 «CPP», 361-362 «CFPP», así como los «aa.» 684 y 685 del «CPC», el cual califica como reposición el citado instrumento cuando se hace valer contra resoluciones del Tribunal Superior de Justicia del D.F. (TSJDF).
c) Se puede considerar también dentro de esta categoría, pero únicamente para la materia fiscal federal, a la llamada excitativa de justicia regulada por los «aa.» 240 y 241 del «CFF», de acuerdo con los cuales, las partes en un proceso que se tramite ante una de las salas regionales del Tribunal Fiscal de la Federación (TFF) pueden presentar la citada excitativa ante la sala superior del propio tribunal cuando los magistrados instructores no elaboren los proyectos respectivos dentro de los plazos señalados por el propio «CFF». En tal virtud la podríamos estimar como una queja o reclamación por retardo en el pronunciamiento de las resoluciones respectivas.

2) El sector más importante de los medios de impugnación está constituido por los recursos, es decir, por los instrumentos que se pueden interponer dentro del mismo procedimiento, pero ante un órgano judicial superior, por violaciones cometidas tanto en el propio procedimiento como en las resoluciones judiciales respectivas. Para lograr una sistematización de una materia excesivamente compleja, consideramos conveniente utilizar la clasificación elaborada por la doctrina más autorizada, que divide a los recursos procesales en tres categorías: ordinarios, extraordinarios y excepcionales.
a) El recurso ordinario por antonomasia y que posee prácticamente carácter universal, es el de apelación, a través del cual, a petición de la parte agraviada por una resolución judicial, el tribunal de segundo grado, generalmente colegiado, examina todo el material del proceso, tanto fáctico como jurídico, así como las violaciones del procedimiento y de fondo, y como resultado de esta revisión, confirma, modifica o revoca la resolución impugnada, sustituyéndose al juez de primera instancia, o bien, ordena la reposición del procedimiento, cuando existen motivos graves de nulidad del mismo.
Podemos dividir el examen de la apelación en los códigos procesales mexicanos en dos sectores que siguen principios similares cada uno de ellos, es decir, en la materia civil y mercantil por una parte, y penal por la otra, tomando en consideración que, en principio, los procesos fiscal, administrativo y laboral son de un solo grado, salvo algunas modalidades que mencionaremos brevemente.
1) De acuerdo con lo establecido por los códigos modelos, «CPC» y «CFPC», así como por el «CCo»., se sigue esencialmente el sistema de la apelación española, tomada de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, con algunos matices. La apelación civil y mercantil se interpone por la parte agraviada ante el juez que dictó la resolución impugnada, el cual puede admitir o desechar y calificar sus efectos de manera provisional, y de acuerdo con los códigos respectivos dichos efectos se califican según el criterio tradicional, en devolutivos o suspensivos o ambos, que en realidad pueden estimarse sólo como ejecutivos o como suspensivos («aa.» 700 «CPC», 239 «CFPC» y 1339 «CCo».).
Cuando el juez de primera instancia ante el cual se interpone el recurso desecha la apelación procede la queja («a.» 823 «fr.» III, «CPC») o la llamada denegada apelación («aa.» 259-266 «CFPC»).
La apelación civil asume dos características en nuestros códigos procesales, ya que debe mejorarse o formalizarse ante el tribunal de segundo grado, y además es restringida pues no implica un nuevo examen dé la controversia. En relación a la primera característica, el apelante debe acudir ante el organismo de segunda instancia a formular agravios, y sí no se presentan o se entregan fuera de plazo se declara desierto el recurso, y por lo que respecta a su limitación, implica exclusivamente el análisis de los agravios del apelante o los del apelado en la apelación adhesiva y sólo se admite el ofrecimiento y desahogo de nuevos medios de prueba o la presentación de nuevas defensas, cuando las mismas no se hubieren aportado en la primera instancia por causas ajenas a la voluntad del apelante, o no se hubiese tenido el conocimiento de las mismas de manera oportuna («aa.» 706-708 del «CPC», 253-255 del «CFPC» y 1342 «CCo».).
También debe hacerse una breve referencia a la peculiar institución denominada apelación extraordinaria, que se ha considerado como una innovación desafortunada del «CPC», que por ello no es adoptada por los códigos locales que lo siguen directa o indirectamente como modelo. La doctrina ha señalado que constituye una mezcla de medios impugnativos y solo existe acuerdo de que no se trata de una verdadera apelación y que el calificativo correcto es el de extraordinario, lo que es contrario a la propia apelación que, como hemos señalado, es el recurso ordinario por excelencia («a.» 717 «CPC»).
2) La apelación penal se regula en nuestros códigos de procedimientos en forma más flexible que la civil y mercantil, en cuanto se encuentra inspirada en el principio in dubio pro reo. En tal virtud no es necesario, como en la apelación civil, mejorar o formalizar el recurso ante el órgano superior, ya que los agravios pueden formularse ya sea con motivo de la interposición o bien en la audiencia de alegatos (esto último según el «a.» 363 del «CFPP»), y además el tribunal de segundo grado posee mayores facultades que en materia civil, en virtud de que el objeto del recurso es amplio, con algunas limitaciones, pues en esencia implica un nuevo examen de todo el procedimiento y de las resoluciones impugnadas en primera instancia, tomando en cuenta que el recurrente puede ofrecer nuevas pruebas, limitándose sólo la testimonial a los hechos que no hubiesen sido examinados en el primer grado («aa.» 428 y 429 «CPP»; 386 y 388 del «CFPP», y 830-839 del «CJM»).
Por otra parte, si bien la reposición del procedimiento sólo puede ordenarse por el tribunal de segundo grado, de acuerdo con los motivos expresamente señalados en los citados códigos y a petición de la parte recurrente («aa.» 430 y 431 del «CPP», 386 y 388 del «CFPP», y 835-839 del «CJM»), el Código de proc. Penales para el estado dispone que se podrá suplir la deficiencia de los agravios cuando exista una violación manifiesta del procedimiento que hubiese dejado sin defensa al procesado y que sólo por torpeza o negligencia de su defensor, no fue combatida debidamente («a.» 402).

3) Es preciso hacer referencia a LOS RECURSOS CALIFICADOS COMO REVISIÓN, pero que en estricto sentido deben considerarse dentro de la categoría de la apelación. Nos referimos a las impugnaciones sucesivas reguladas por el «CFF», la primera denominada revisión y que se interpone por las autoridades afectadas por una resolución de una sala regional, cuando a juicio de dichas autoridades se afecten los intereses nacionales; si esta impugnación se resuelve desfavorablemente a las propias autoridades por la sala superior del TFF, las primeras pueden acudir ante la segunda sala de la «SCJ», a través de la llamada revisión fiscal, que no es sino una segunda apelación federal («aa.» 104, «fr.» I, pfos, tercero y cuarto de la C, y 248-250 del «CFF»).
En segundo termino también recibe el nombre de revisión el recurso que se interpone contra las resoluciones de los jueces de distrito en el juicio de amparo ante la «SCJ» o los Tribunales Colegiados de Circuito (TCC), denominación que tiene su origen en las leyes de amparo del siglo anterior y los «CFPC» de 1897 y 1908 que regularon al propio amparo, en virtud de que entonces el segundo grado se iniciaba por revisión de oficio; pero actualmente, al exigir la instancia de la parte afectada, se ha transformado en una verdadera apelación («aa.» 83-94 LA).
4) OTROS RECURSOS ORDINARIOS que regula nuestra legislación procesal reciben los nombres de queja y reclamación, cuya regulación es muy compleja y varía de acuerdo con los diversos códigos procesales que los consagran, por lo que desde un punto de vista muy general se puede afirmar que la queja, calificada como cajón de sastre por la doctrina, procede generalmente contra resoluciones de trámite respecto de las cuales no e admite el recurso de apelación, en tanto que la reclamación se otorga a los afectados para impugnar las resoluciones pronunciadas por los jueces o magistrados instructores o presidentes de sala o del tribunal respectivo, con motivo de sus facultades de admitir o rechazar demandas y recursos o poner los asuntos en estado de resolución y se interpone ante el colegio judicial correspondiente.
LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS son denominados así por la doctrina en virtud de que los mismos sólo pueden interponerse por los motivos específicamente regulados por las leyes procesales, y además, únicamente implican el examen de la legalidad del procedimiento o de las resoluciones judiciales impugnadas, o sea, que comprende las cuestiones jurídicas, en virtud de que por regla general, la apreciación de los hechos se conserva en la esfera del tribunal que pronuncio el fallo combatido. El recurso extraordinario por excelencia es el recurso de casación, que también es prácticamente universal, si bien en apariencia dicho medio de impugnación ha desaparecido de nuestros ordenamientos procesales, al ser derogado el que regulaban los códigos procesales civiles y penales del «a.» 9o., transitorio de la «LOTJFC», de 9 de diciembre de 1919, e implícitamente en el «a.» 30 de la «LA», de 19 de octubre del mismo año.
Sin embargo, el recurso de casación subsiste, en virtud de que fue absorbido por el juicio de amparo contra resoluciones judiciales, y particularmente el de una sola instancia contra sentencias definitivas, debido a que asume las características esenciales de esta institución, y por ello la doctrina ha calificado a este sector como ''amparo-casación'' («aa.» 158-191 de la LA).
d) LOS LLAMADOS RECURSOS EXCEPCIONALES, se interponen contra las resoluciones judiciales que han adquirido la autoridad de cosa juzgada, y en numerosas legislaciones reciben el nombre genérico de revisión. En nuestro ordenamiento podemos señalar algunos aspectos de la calificada como apelación extraordinaria («a.» 717 «CPC»), si bien es discutible su encuadramiento dentro de esta categoría. El medio de impugnación que resulta claramente inserto dentro de estos recursos excepcionales, es el regulado en el proceso penal, tanto en materia local como federal, y que de manera impropia había recibido la denominación de indulto necesario, pero que en las reformas promulgadas en diciembre de 1983 y 1984, a los «CPP» y «CFPP» respectivamente, se sustituyó dicha expresión incorrecta por la más adecuada de reconocimiento de la inocencia del sentenciado, aun cuando los «CPP» y «CJM» conservan la terminología anterior.
Dicha instancia puede interponerse por una persona que ha sido condenada, cuando el fallo impugnado con autoridad de cosa juzgada se apoya en elementos de convicción que posteriormente son declarados falsos en otro proceso; cuando con posterioridad se descubren o aparecen documentos públicos que invaliden la prueba que sirvió de fundamento a la sentencia condenatoria; cuando se presentare o existiera prueba irrefutable de la existencia de la persona desaparecida por cuya causa el inculpado hubiese sido condenado por homicidio; cuando el reo hubiese sido juzgado por el mismo hecho a que el fallo se refiere, en otro juicio en el cual hubiese recaído sentencia firme. Al presentarse estas circunstancias, el procesado puede interponer su solicitud para que se revise nuevamente el proceso respectivo («aa.» 615-617 del «CPP», 561-568 del «CFPP» y 873-878 «CJM»).

3) Finalmente una brevísima referencia a los que se pueden calificar como procesos impugnativos, que son aquellos en los cuales se combaten actos o resoluciones de autoridad a través de un proceso autónomo, en el cual se inicia una relación jurídico procesal diversa. En nuestro ordenamiento procesal podemos señalar como tales al juicio seguido ante los tribunales administrativos, particularmente el TFF y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del D.F. y otros similares, así como al juicio de amparo de doble instancia, que debe considerarse como un verdadero proceso, ya que en ambos supuestos existe una separación entre el procedimiento administrativo o legislativo en el cual se creo el acto o se dictó la resolución a las disposiciones impugnadas, y el proceso judicial a través del cual se combate.